Diálogo, negociación y costos sociales en un conflicto que sigue abierto.
Durante décadas, una parte importante de los movimientos sociales mexicanos construyó su identidad frente a un Estado que escuchaba poco y reprimía mucho. La protesta no era solamente un mecanismo de presión; era, en muchos casos, el único lenguaje que parecía comprender el poder: a toda protesta le correspondía una represión.
Por eso, cuando observamos las movilizaciones recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conviene preguntarnos si seguimos ante el mismo escenario o si el país ha cambiado.
La pregunta es importante porque de ella depende la manera en que interpretamos el conflicto. Si el gobierno se negara a dialogar, ignorara las demandas o respondiera con represión, la protesta encontraría una justificación social ampliamente comprensible, pero si el gobierno abre mesas de negociación, modifica políticas, realiza concesiones y aun así las movilizaciones continúan escalando, ¿cómo podemos justificarlas?
Esa es la pregunta que comenzó a plantearse esta semana desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un gobierno que decidió actuar diferente
Durante su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un recuento de las acciones emprendidas por los gobiernos de la Cuarta Transformación en relación con el magisterio.
La lista es extensa: la derogación de la reforma educativa de 2013 de Peña Nieto, el abandono de las evaluaciones vinculadas a la permanencia laboral, la recuperación salarial, más de un millón doscientas mil basificaciones, la reducción de las comisiones de las AFORE, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y los cambios recientes para facilitar la jubilación de trabajadores incorporados al Décimo Transitorio del ISSSTE forman parte de una estrategia que busca corregir problemas acumulados durante años.
Nadie está obligado a considerar suficientes estas medidas. Pero resulta difícil sostener que el gobierno federal haya permanecido inmóvil.
La propia presidenta recordó que las mesas de diálogo han permanecido abiertas, que se han firmado acuerdos estatales y que continúan las negociaciones sobre temas específicos planteados por los docentes.
La situación, por tanto, no se parece a la de otros momentos de la historia reciente de México.
El problema de las pensiones y los límites de la realidad
La principal demanda de la CNTE sigue siendo la derogación de la reforma pensionaria de 2007.
La exigencia tiene una lógica comprensible. Muchos trabajadores consideran que aquella reforma deterioró las condiciones de retiro respecto a generaciones anteriores y trasladó demasiada responsabilidad a las cuentas individuales.
Sin embargo, también existe otra realidad que no puede ignorarse. El gobierno sostiene que regresar completamente al esquema anterior tendría un costo equivalente a una proporción enorme de la riqueza nacional, lo que significa no se trata de una modificación administrativa, sino de una transformación profunda de las finanzas públicas.
Es aquí donde aparece una realidad que rara vez se discute con honestidad. Las sociedades democráticas deben buscar justicia para sus trabajadores, pero también deben garantizar la viabilidad de sus instituciones. Una demanda puede ser legítima desde el punto de vista de quien la formula y, al mismo tiempo, resultar extremadamente difícil de sostener para el conjunto de la sociedad.
Por eso el gobierno ha optado por una estrategia distinta: no regresar íntegramente al modelo anterior, sino crear mecanismos que compensen lo que se perdió con la ley de pensiones como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y fortalecer las instituciones públicas encargadas del retiro de los trabajadores.
A partir de ese planteamiento la discusión ya no trata de si el gobierno dialoga y atiende necesidades, sino que gira alrededor de si atender la demanda de anular la ley de pensiones es posible.
La protesta dejó de hablar únicamente de derechos
La legitimidad de un movimiento social no depende únicamente de la justicia de sus demandas. También depende de la relación que guarda con la realidad que enfrenta. Un movimiento que se enfrenta a un gobierno cerrado suele construir su legitimidad a partir de la denuncia, pero un movimiento que se enfrenta a un gobierno dispuesto a negociar necesita construirla también a partir de la capacidad de diálogo, la proporcionalidad de sus acciones y la viabilidad de sus propuestas.
Es inevitable preguntarse ¿Debe comportarse igual un movimiento social cuando nadie lo escucha que cuando existen mesas de negociación abiertas?
La legitimidad de una movilización no es un recurso inagotable. Se fortalece cuando la sociedad percibe que una causa busca soluciones. Pero se debilita cuando las formas de presión parecen independizarse de los objetivos que originalmente las justificaban.
Los ausentes de la discusión
En medio del conflicto hay dos actores que rara vez ocupan el centro de la conversación.
Los primeros son los estudiantes. Miles de niñas, niños y jóvenes han visto interrumpidas sus actividades escolares debido a los paros y movilizaciones. Para muchos de ellos, especialmente en comunidades de bajos ingresos, la escuela representa mucho más que un espacio de aprendizaje: es un lugar de acompañamiento, alimentación y construcción de futuro.
Los segundos son los ciudadanos que no participan en el conflicto. Habitantes de la Ciudad de México han enfrentado bloqueos, afectaciones a la movilidad, pérdidas económicas y alteraciones en su vida cotidiana.
Ni los niños ni la ciudadanía diseñó la reforma de 2007. Ninguno de ellos participa en las negociaciones. Sin embargo, terminan pagando parte de los costos de una disputa que les es ajena.
Toda movilización social genera tensiones. Pero cuando esas tensiones se prolongan, la sociedad comienza a preguntarse quién está asumiendo los costos de la protesta y quién está obteniendo sus beneficios.
Un conflicto que va más allá de lo laboral
La presidenta Sheinbaum sugirió que las movilizaciones recientes ya no pueden entenderse únicamente como una negociación laboral. Su argumento no fue que las demandas originales carezcan de fundamento. Su argumento fue que, después de años de diálogo, concesiones y medidas correctivas, resulta legítimo preguntarse por qué la intensidad de las protestas continúa aumentando.
Es una observación que merece atención, porque cuando un conflicto persiste incluso después de que algunas de sus causas han comenzado a ser atendidas, la discusión deja de girar exclusivamente alrededor de las demandas y empieza a involucrar otros factores: identidades políticas, estrategias de presión, relaciones de poder e incluso la necesidad de algunos movimientos de preservar las dinámicas que les dieron origen.
No siempre los movimientos sociales cambian al mismo ritmo que cambia la realidad que los rodea.
Sociológicamente la cuestión más importante no es si la CNTE tiene razón o si el gobierno tiene razón. La cuestión más fértil es: ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja atrás la lógica de la confrontación y comienza a construir espacios de negociación?
Porque si el diálogo existe, si las mesas están abiertas y si las soluciones empiezan a aparecer, aunque sean imperfectas, la protesta también necesita repensarse. De lo contrario corre el riesgo de quedarse luchando contra un adversario que no existe.
Es inevitable que la sociedad se pregunte: si el diálogo está abierto, ¿qué es exactamente lo que sigue impidiendo el acuerdo?
