El problema no se explica diciendo que el gobierno es cómplice ni culpando de todo al pasado
Una de las razones por las que el debate sobre la inseguridad suele polarizarse es que ambos bandos simplifican un fenómeno extremadamente complejo. Unos afirman que “el gobierno no quiere combatir a los criminales”. Otros responden que “todo es culpa de los gobiernos anteriores”.
Ambas afirmaciones pueden contener algún elemento de verdad, pero son insuficientes para explicar el problema.
El crimen organizado no es solamente una banda de delincuentes escondida en algún rancho. Es mucho más que eso. Es un poder económico, armado y territorial que mueve grandes cantidades de dinero, compra protección, recluta jóvenes, controla rutas, amenaza autoridades y participa en numerosos negocios legales e ilegales.
Por eso, preguntar por qué Claudia Sheinbaum no ha acabado con el crimen organizado exige algo más que una respuesta política. Exige entender qué puede hacer realmente el Estado, qué instituciones deben intervenir y cuáles son las capacidades materiales del adversario.
La respuesta más seria es incómoda: ningún presidente puede acabar por decreto con un sistema criminal construido durante décadas, alimentado por miles de millones de dólares, armado desde Estados Unidos y protegido por redes de corrupción dentro y fuera del gobierno.
Eso no libera a Claudia Sheinbaum de responsabilidad. Su obligación es combatirlo, debilitarlo, detener a sus integrantes, recuperar territorios, reducir los homicidios y construir instituciones capaces de impedir que vuelva a crecer. Pero acabar completamente con él es otra cosa.
Un problema que produce decenas de miles de muertos
Según datos del INEGI durante 2024 se registraron en México 33 mil 241 homicidios. En 71.8 por ciento de los casos, la muerte fue causada con un arma de fuego. No se trata solamente de una percepción generada por los medios ni de propaganda opositora: México enfrenta un problema real, grave y cuantificable.
La violencia tampoco comenzó con Claudia Sheinbaum ni con Andrés Manuel López Obrador. El propio INEGI ha documentado que, después de quince años de reducción casi continua, los homicidios comenzaron a crecer nuevamente a partir de 2008, cuando la estrategia de Felipe Calderón de confrontación y captura de dirigentes criminales produjo guerras internas, fragmentación de organizaciones y disputas territoriales.
México lleva casi dos décadas viviendo las consecuencias de la decisión de Felipe Calderón. Durante la confrontación directa con el crimen organizado los grandes cárteles no desaparecieron. Algunos fueron debilitados, otros se dividieron y otros fueron sustituidos por estructuras más pequeñas, violentas y difíciles de localizar.
Capturar a un jefe criminal no necesariamente destruye su organización. Con frecuencia abre una disputa por la sucesión, divide al grupo y produce nuevas células que compiten mediante secuestros, asesinatos, extorsiones y control territorial.
Una organización grande puede convertirse en cinco organizaciones pequeñas. El capo desaparece, pero los sicarios, las armas, las rutas, los contactos políticos y los negocios ilegales permanecen.
El crimen organizado ya no vive solamente de las drogas
Durante muchos años se habló del crimen organizado como si fuera sinónimo de narcotráfico. Hoy sabemos que esa descripción quedó rebasada.
Las organizaciones actuales obtienen recursos de actividades muy diversas: extorsión a comercios, cobro de piso, robo y venta de combustible, tráfico de migrantes, trata de personas, tala clandestina, minería ilegal, robo de transporte, contrabando, piratería, fraude electrónico, producción de drogas sintéticas y control de mercados locales.
Eso significa que una organización criminal puede perder una ruta de drogas y continuar funcionando mediante otros negocios. También puede insertarse en la economía legal. Puede comprar empresas, financiar comercios, adquirir propiedades, contratar transportistas, controlar centros nocturnos o utilizar negocios aparentemente normales para lavar dinero.
El crimen organizado no vive fuera de la sociedad sino que circula dentro de ella. Utiliza bancos, carreteras, aduanas, empresas, servicios profesionales, gobiernos municipales y relaciones familiares. En determinados territorios, incluso impone precios, decide quién vende ciertos productos, cobra por permitir actividades económicas y condiciona campañas electorales.
Por eso no basta con desplegar soldados o detener sicarios. Se necesita investigar el dinero, las empresas, las cuentas bancarias, las propiedades, las redes políticas y la protección institucional.
Un presidente municipal no puede enfrentar solo a un ejército privado
Buena parte de la discusión nacional ignora la desigualdad material que existe entre algunos gobiernos locales y las organizaciones criminales. Un gobierno municipal, por muy honrado y bien intencionado que sea, no puede controlar por sí solo a una organización con cientos de hombres armados, vehículos blindados, sistemas de comunicación, casas de seguridad, informantes y millones de pesos disponibles.
Muchos municipios mexicanos tienen cuerpos policiales pequeños, mal pagados, escasamente equipados y con poca capacidad de investigación. Una organización criminal puede saber dónde vive el alcalde, a qué escuela acuden sus hijos, quiénes son sus hermanos y qué negocios tiene su familia.
Puede amenazar al director de policía, asesinar a un agente, secuestrar a un funcionario o atacar a sus familiares. El Estado democrático exige al alcalde que cumpla la ley mientras el criminal no reconoce ninguna regla.
El funcionario debe presentar pruebas, respetar procedimientos, solicitar órdenes judiciales y rendir cuentas. Por su parte la organización criminal puede torturar, desaparecer, sobornar o matar. Ante esa desigualdad, no basta con exigir “valentía” a las autoridades municipales. El valor personal no sustituye la fuerza institucional.
Un alcalde aislado no puede derrotar una organización nacional. Un policía municipal no puede investigar redes financieras internacionales. Un ministerio público local no puede enfrentar sin protección a personas capaces de asesinarlo.
Por eso la coordinación entre municipios, estados, Federación, fiscalías, fuerzas armadas, aduanas y autoridades financieras son una necesidad elemental.
El crimen tiene dinero para comprar información y protección
Las organizaciones criminales no necesitan corromper a todo el gobierno. Les basta infiltrar algunos puntos estratégicos. Un agente puede avisarles de un operativo. Un funcionario puede alterar un expediente. Un policía puede informarles quién presentó una denuncia. Un trabajador judicial puede filtrar una orden de aprehensión. Un administrador aduanal puede facilitar el paso de mercancías. Un empleado bancario puede advertirles sobre una investigación financiera.
La corrupción criminal no funciona únicamente mediante grandes pactos políticos. Muchas veces se sostiene con pequeñas filtraciones distribuidas en distintas instituciones.
Por eso una operación puede fracasar aunque el presidente, el secretario de Seguridad y el comandante responsable sean honestos. Basta con que una persona dentro de la cadena de información avise al objetivo.
La honestidad del gobernante y su intención de acabar con el crimen es necesarias, pero no suficientes. Se requieren controles internos, investigación patrimonial, protección a denunciantes, rotación de personal, inteligencia financiera y castigos reales para los servidores públicos que colaboran con organizaciones criminales.
La mayor parte de los delitos ni siquiera llega ante la autoridad
Según información del INEGI en México, durante 2024 se cometieron aproximadamente 33.5 millones de delitos. Sólo 9.6 por ciento fue denunciado. Eso significa que más de nueve de cada diez delitos no llegaron formalmente al conocimiento de las autoridades o no produjeron una carpeta de investigación.
En delitos especialmente relacionados con el control criminal, la situación es todavía más grave. La cifra oculta llegó a 97 por ciento en extorsión y a 98.1 por ciento en secuestro (INEGI). Esta cifra destruye cualquier análisis superficial.
El gobierno no puede investigar automáticamente un delito del que no tiene información, pero tampoco puede responsabilizar únicamente a la víctima por no denunciar. Muchas personas no denuncian porque saben que el delincuente vive cerca. Temen que el policía esté infiltrado. Desconfían del ministerio público. No creen que la investigación avance. O consideran que denunciar puede ponerlas en mayor peligro.
Los datos confirman parte de esa desconfianza. INEGI reporta que entre las carpetas de investigación iniciadas durante 2024, en 39.2 por ciento de los casos no ocurrió nada. Los casos en los que se recuperaron bienes, se puso al responsable ante un juez, se otorgó reparación del daño o se produjo otro resultado concreto representaron apenas 0.8 por ciento del total de delitos.
Aquí está uno de los núcleos técnicos del problema: México no sólo necesita más policías. Necesita investigadores, peritos, ministerios públicos y fiscalías capaces de convertir una denuncia en una investigación y una investigación en una sentencia. Esta estructura de personal especializado es importante porque detener personas sin construir casos sólidos solamente produce liberaciones.
Las armas no aparecen por generación espontánea
En 2024, casi tres de cada cuatro homicidios registrados en México fueron cometidos con armas de fuego. Una parte sustancial de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo proviene de Estados Unidos. La propia oficina estadounidense encargada del control de armas, la ATF, ha documentado que las armas originadas en ese país representaron 74 por ciento de las armas recuperadas en México que pudieron ser rastreadas hasta un comprador durante el periodo analizado entre 2017 y 2021.
Esto no significa que 74 por ciento de todas las armas existentes en manos criminales haya sido contado o rastreado, pero sí que, dentro del universo de armas recuperadas y técnicamente rastreables, la mayoría tenía origen estadounidense.
El problema es evidente: México enfrenta organizaciones que reciben armamento desde un país donde existen millones de armas en circulación, numerosos puntos de venta y redes dedicadas a comprarlas mediante prestanombres.
México puede decomisar rifles y detener traficantes. Pero mientras del otro lado de la frontera continúe la venta y el traslado ilegal, el suministro se renueva.
De lo anterior concluimos que la responsabilidad es compartida. México debe controlar sus aduanas, perseguir a quienes reciben las armas e investigar la corrupción que permite su ingreso. Por su parte Estados Unidos debe perseguir a compradores, vendedores y redes que abastecen a los criminales mexicanos.
Pedir cooperación estadounidense no es renunciar a la soberanía. Renunciar a la soberanía sería permitir operaciones extranjeras dentro del país sin autorización mexicana, y exigir que Estados Unidos controle las armas que salen de su territorio es exigirle que cumpla su propia responsabilidad.
También existe un mercado internacional de drogas
Las organizaciones delincuenciales mexicanas producirán y transportarán drogas mientras exista un mercado internacional gigantesco. Y si por alguna razón dejan de hacerlo, otras organizaciones de otro país lo harán. El mercado funciona así. Mientras haya demanda, habrá oferta.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que el tráfico de drogas continúa generando enormes ganancias criminales y que los grupos organizados se adaptan rápidamente a nuevas sustancias, rutas, tecnologías y crisis internacionales.
Mientras millones de consumidores estén dispuestos a pagar por cocaína, metanfetaminas, heroína, fentanilo y otras sustancias, aparecerán organizaciones dispuestas a producirlas y venderlas.
México puede destruir laboratorios y capturar traficantes, pero no puede eliminar por sí solo la demanda mundial porque cuando se cierra una ruta, aparece otra, cuando se decomisa un cargamento, aumenta el precio del siguiente, cuando se detiene a un intermediario, otro ocupa su lugar. Es por eso que la lucha exclusivamente policial tiene sus límites. El mercado ilegal produce incentivos económicos demasiado grandes.
¿Significa todo esto que Claudia Sheinbaum no puede hacer nada? Por supuesto que no. Explicar la dimensión estructural del problema no significa justificar la pasividad del gobierno.
La presidenta tiene obligaciones concretas: reducir los homicidios, combatir la extorsión, recuperar territorios, detener dirigentes criminales, desmantelar sus finanzas, impedir su relación con autoridades, fortalecer fiscalías y proteger a las comunidades.
También debe rendir cuentas cuando una región queda abandonada, o cuando una organización impone cobros, o cuando desaparecen personas o cuando una autoridad local es infiltrada.
Sin embargo, la evaluación debe realizarse con datos y no con consignas. El Gobierno de México, representado por Claudia Sheinbaum sostiene que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a aproximadamente 45.8 en junio de 2026. Según sus cifras preliminares, eso representa una reducción de 48 por ciento y alrededor de 41 homicidios menos cada día.
Es un descenso relevante. No puede ser ignorado únicamente porque provenga del gobierno. Pero tampoco significa que el crimen organizado haya sido derrotado. La reducción del homicidio mide una parte fundamental de la violencia, pero no mide todo el poder criminal.
Una organización puede reducir enfrentamientos y mantener el control económico de una región. Puede dejar de asesinar públicamente y continuar extorsionando. Puede pactar con otras células y disminuir temporalmente la disputa territorial. Por eso deben revisarse también otros indicadores como extorsión, desapariciones, secuestro, control de carreteras, desplazamientos, cobro de piso, sentencias, decomisos financieros y capacidad institucional.
La estrategia de Sheinbaum es más técnica que espectacular
La Estrategia Nacional de Seguridad presentada por Claudia Sheinbaum se sostiene oficialmente en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de inteligencia e investigación; y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La diferencia principal respecto de la antigua estrategia de “descabezar” organizaciones es el énfasis en la inteligencia y la investigación. No se trata solamente de capturar al hombre más conocido o exhibirlo ante las cámaras. Se busca identificar células, operadores financieros, generadores de violencia, redes de protección y vínculos entre distintos delitos.
Ese enfoque es técnicamente más sólido, pero sus resultados son menos espectaculares. Una operación de inteligencia puede tardar meses. Una investigación financiera puede requerir revisar cientos de cuentas. Un caso judicial puede derrumbarse si las pruebas fueron obtenidas ilegalmente o si la detención estuvo mal ejecutada.
La televisión prefiere mostrar helicópteros y columnas militares, pero un expediente bien construido puede producir más resultados que una balacera. El Estado no puede combatir al crimen violando las reglas Ante una crisis de violencia surge una tentación comprensible: pedir que el gobierno utilice toda su fuerza sin demasiados controles.
El problema es que un Estado que tortura, ejecuta, desaparece personas o fabrica culpables termina fortaleciendo la violencia que dice combatir.
Los derechos humanos no existen para proteger a los criminales del Estado. Existen para proteger a cualquier ciudadano de un Estado que podría acusarlo sin pruebas.
Un gobierno democrático debe detener legalmente, conservar evidencias, demostrar responsabilidades y obtener sentencias. Eso lo coloca en aparente desventaja frente a organizaciones que no respetan ninguna regla. Pero eliminar los límites legales no resolvería el problema: convertiría al Estado en otra organización violenta.
La fuerza pública debe ser contundente. Pero también debe ser legal, disciplinada y controlada.
La historia demuestra que estos problemas no se resuelven en seis años
El error final consiste en imaginar que el crimen organizado nace con un presidente y puede terminar con otro. La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario.
Italia tardó varias décadas en debilitar a la mafia siciliana. La ofensiva moderna comenzó en los años setenta, se fortaleció durante los ochenta con el histórico “Maxiproceso” encabezado por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, continuó después de los asesinatos de ambos magistrados en 1992 y aún hoy el Estado italiano sigue realizando operaciones contra organizaciones mafiosas. Más de cincuenta años después, la mafia no ha desaparecido, pero ya no posee el nivel de poder e impunidad que llegó a tener.
Colombia también ofrece una lección importante. El Estado necesitó más de veinte años para reducir el poder de los grandes cárteles de Medellín y Cali. La muerte de Pablo Escobar, en 1993, no significó el fin del narcotráfico. Surgieron nuevas organizaciones, cambiaron las rutas, aparecieron otros grupos armados y el país tuvo que seguir fortaleciendo durante décadas sus fuerzas de seguridad, su sistema judicial y su inteligencia.
Incluso Estados Unidos, con el mayor presupuesto policial del mundo, continúa enfrentando organizaciones criminales nacionales e internacionales. La existencia del FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Seguridad Nacional y decenas de agencias especializadas no ha eliminado el tráfico de drogas, las pandillas, la mafia ni las redes de lavado de dinero.
Mucha gente cree que la mafia italoamericana fue derrotada en unos cuantos años, cuando en realidad tomó alrededor de medio siglo. Desde las primeras investigaciones importantes en las décadas de 1930 y 1940, pasando por la aprobación de la Ley RICO en 1970, hasta las grandes condenas de los jefes de las “Cinco Familias” en los años ochenta, transcurrieron cerca de cincuenta años de trabajo continuo.
Aun hoy siguen existiendo investigaciones en Estados Unidos por delincuencia organizada, lo que muestra que ni siquiera la principal potencia mundial pudo resolver un fenómeno de esa naturaleza en un sexenio ni en dos
La lección es clara: todo análisis serio mide el éxito de una estrategia preguntando si las organizaciones criminales son hoy más débiles que ayer, si controlan menos territorio, si poseen menos capacidad financiera, si asesinan menos personas y si el Estado recupera gradualmente el monopolio de la fuerza. Ésa debería ser también la pregunta en México.
México necesita una política de Estado de varias décadas
México debe formar policías profesionales, pagarles salarios dignos, proteger a sus familias, depurar corporaciones, fortalecer fiscalías, desarrollar inteligencia financiera, controlar aduanas, combatir el lavado de dinero y construir economías legales en regiones dominadas por actividades criminales.
También necesita reducir el reclutamiento. Una organización que pierde diez sicarios puede reclutar a veinte jóvenes si existe pobreza, desintegración comunitaria, adicciones, deserción escolar y falta de oportunidades.
México ha emprendido programas enfocados a atender las causas del crimen organizado, pero eso no sustituye detener delincuentes, de la misma manera que detener delincuentes no sustituye atender las causas. Ambas cosas deben ocurrir al mismo tiempo.
La pregunta correcta no es si Sheinbaum está acabando con el crimen, pues Claudia Sheinbaum no puede acabar con el crimen organizado. Ningún presidente mexicano puede hacerlo completamente durante un solo sexenio. La historia internacional ha demostrado que esa es tarea de décadas. Pero ésa no debe ser una excusa para el fracaso ni una razón para negar los avances.
Lo que debemos preguntarnos es si el gobierno está reduciendo la capacidad de daño de las organizaciones. ¿Está disminuyendo los homicidios?, ¿está debilitando sus finanzas?, ¿está recuperando territorios?, ¿está protegiendo a presidentes municipales, policías, jueces, comerciantes y ciudadanos de las amenazas del crimen?, ¿está construyendo instituciones que puedan continuar funcionando cuando termine el sexenio?
Si la respuesta es afirmativa y puede demostrarse, existe progreso.
Si los homicidios bajan, pero la extorsión, el control territorial y la impunidad permanecen, el avance es parcial.
Si las organizaciones siguen comprando autoridades, imponiendo candidatos, cobrando piso y controlando economías regionales, el Estado todavía no ha recuperado plenamente su autoridad.
Ésa es la respuesta técnica. El crimen organizado no persiste únicamente porque Claudia Sheinbaum no quiera combatirlo, ni únicamente porque los gobiernos anteriores hayan dejado un desastre. El crimen persiste porque posee dinero, armas, mercados internacionales, redes de corrupción, control territorial y capacidad para reemplazar rápidamente a sus integrantes.
El deber de Sheinbaum no es prometer una victoria imposible. Es demostrar, con datos verificables, que cada año el Estado es más fuerte, que las organizaciones criminales tienen menos territorio, menos dinero, menos armas y menos capacidad para destruir la vida de los mexicanos.
