La reflexión que sigue surge al intentar comprender escenas recientes: venezolanos en el extranjero celebrando con júbilo la intervención de Estados Unidos en su país. No se trataba solo del rechazo a un gobierno, sino de la aceptación —e incluso celebración— de que otro decidiera por ellos. Frente a esas imágenes, la pregunta es inevitable: ¿qué queda de las luchas libertarias de millones que dieron su vida por el derecho de los pueblos a autodeterminarse?
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Hay afirmaciones que no buscan aprobación, sino claridad. Esta es una de ellas: es preferible un mal gobierno nacional —incluso corrupto— antes que una intervención extranjera. Con esta preferencia no se busca relativizar la corrupción, sino colocar un límite que se considera irrenunciable: el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo.
Decir esto incomoda. Incomoda a quienes creen que la soberanía es un concepto romántico, y también a quienes suponen que todo mal interno es suficiente para justificar una tutela externa. Sin embargo hay que aclarar que tanto la corrupcion, la imposición y el despojo internos es un mal como lo es la intervención extranjera para controlar el país. Lo importante es ordenar los males, porque no todos ellos son equivalentes.
La soberanía no es sinónimo de bienestar, ni de estabilidad, ni de buenos resultados. Es algo más austero y más exigente: es la condición política que permite a una sociedad equivocarse, corregirse y rehacerse sin delegar su destino. Un país soberano puede tener gobiernos corruptos, incompetentes o injustos, pero conserva algo esencial: la posibilidad de cambiarlos desde dentro. Cuando esa posibilidad se pierde, todo lo demás —incluso la mejora material— queda subordinado a decisiones ajenas.
La historia es clara en este punto. Las revoluciones internas han sido sangrientas, dolorosas, a veces fratricidas. México lo vivió en 1910; otros pueblos lo han vivido antes y después. La lucha interna no es un camino limpio ni moralmente cómodo. Pero incluso en su violencia hay una diferencia decisiva respecto a la intervención extranjera: en la revolución, el pueblo se enfrenta a sí mismo; en la intervención, el pueblo deja de ser sujeto de su historia.
La violencia interna hiere, desgarra, divide. En cambio la intervención externa sustituye, cambia quién decide, prioriza y calcula costos y beneficios. La intervención no corrige simplemente un gobierno: reordena el país según intereses que no son los suyos. Por eso la soberanía no se pierde cuando hay conflicto interno, sino cuando se acepta que otro decida “mientras tanto”, “por emergencia”, “por el bien común”.
Uno de los errores más extendidos de nuestro tiempo es creer que la soberanía debe garantizar resultados positivos. Como si un pueblo solo tuviera derecho a decidir por sí mismo cuando acierta. Esta lógica, aplicada a individuos, sería paternalista (los hijos tienen derecho a decidir por sí mismos siempre y cuando acierten); aplicada a naciones, es colonial (si un gobierno comete errores hay que intervenirlo), aunque se disfrace de pragmatismo. El derecho a decidir no se funda en la eficacia, sino en la dignidad política.
De ahí que resulte tan preocupante la normalización contemporánea del deseo de intervención. No surge siempre del hambre extrema ni del colapso absoluto. A veces nace del agotamiento moral, del odio político, de la ruptura del vínculo con la idea misma de país. Cuando el rechazo al gobierno es mayor que el apego a la comunidad política, la soberanía empieza a verse como un obstáculo, no como un bien común.
El caso venezolano suele presentarse de forma simplificada: un régimen opresor, un pueblo asfixiado y una intervención celebrada como liberación. La realidad es más compleja. Hubo autoritarismo interno, sí, pero también presión externa sostenida. Hubo deterioro material, pero también radicalización política. Muchos celebran hoy una intervención no desde la convicción ideológica, sino desde el cansancio. Comprender esto no significa justificar los malos gobiernos; significa advertir el riesgo de desear una intervención extranjera.
México no vive —al menos hoy— un colapso estructural comparable. No hay hiperinflación ni escasez generalizada, ni ruptura del Estado. Sin embargo, existe algo inquietante: el deseo de intervención aparece incluso sin colapso, alimentado por polarización, resentimiento y desesperanza. Sectores pobres, no solo élites desplazadas, fantasean con que otro “ponga orden”. Ese paralelismo no es material, pero sí psicológico. Y por eso es peligroso.
Porque cuando un pueblo empieza a aceptar la idea de que alguien más decida por él, el terreno para el despojo ya está preparado. La historia no comienza el día que llegan los helicópteros; comienza cuando se renuncia interiormente a decidir.
Aquí se concentra la tesis central: un pueblo tiene derecho incluso a decidir mal, siempre que sea él quien decida. Puede equivocarse, fracasar, tardar décadas en corregir. Puede sufrir gobiernos corruptos y transiciones fallidas. Todo eso es trágico, pero es reversible. Lo que no siempre se revierte es la pérdida de la autodeterminación.
Por eso afirmar que se prefiere un mal gobierno propio antes que una intervención ajena no es una defensa del abuso, sino una defensa del límite. La corrupción humilla y destruye; la intervención redefine quién manda. Lo primero puede combatirse desde dentro; lo segundo instala una relación de subordinación difícil de desmontar.
La independencia no es un episodio cerrado del pasado. Es una tarea permanente, que se reafirma cada vez que una sociedad decide resolver sus conflictos sin delegar su destino. No promete felicidad, ni orden inmediato, ni éxito garantizado. Promete algo más sobrio y más alto: seguir siendo autor de la propia historia, incluso cuando esa historia duele.
La pregunta final no es si estamos satisfechos con nuestros gobiernos, sino algo más incómodo:
¿qué estamos dispuestos a perder con tal de dejar de decidir por nosotros mismos?
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