Durante décadas se ha repetido casi como una verdad incuestionable que Estados Unidos es “el país de las libertades”. La expresión forma parte de su identidad política y de su narrativa histórica. Sin embargo, algunos hechos recientes invitan a mirar esa afirmación con mayor detenimiento.
No se trata de negar que Estados Unidos tenga instituciones democráticas sólidas ni un marco constitucional que protege ampliamente la libertad de expresión frente al Estado. La Primera Enmienda de su Constitución ha sido, durante más de dos siglos, una referencia para el mundo. El problema no está tanto en la ley, sino en la distancia entre el ideal jurídico y la realidad social.
Los ejemplos que han surgido en los últimos años son ilustrativos:
La actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida de una producción cinematográfica tras publicar comentarios en redes sociales en los que criticaba la ofensiva militar israelí en Gaza y expresaba solidaridad con la población palestina. La decisión fue defendida por la empresa como una medida interna frente a lo que consideró un discurso problemático. Legalmente, el caso se sostiene con el argumento de que se trata de una empresa privada y no de una sanción del Estado.
Pero la pregunta que surge no es jurídica, sino ética y democrática. ¿Puede hablarse de libertad de expresión cuando una persona pierde su trabajo por una opinión política expresada fuera de su actividad profesional?
La respuesta legal estadounidense suele ser clara: la Constitución limita al gobierno, no a las empresas. Pero ese argumento deja abierta una cuestión de fondo: si el poder de sancionar el pensamiento se desplaza del Estado hacia actores privados, la libertad puede seguir existiendo en el papel pero se debilita en la práctica.
El problema se vuelve aún más visible cuando se observan las tensiones entre el poder político y los medios de comunicación. Durante los últimos años, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado episodios de confrontación directa con periodistas, incluyendo la expulsión de algunos de ellos de conferencias de prensa. En ciertos casos, tribunales federales terminaron ordenando la restitución de acreditaciones.
Ese desenlace suele presentarse como prueba de que el sistema institucional funciona. Pero también puede leerse de otra manera: si un tribunal debe intervenir para corregir una exclusión injustificada, es porque previamente ocurrió un intento de censura o abuso de poder.
Al mismo tiempo, el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos se ha trasladado cada vez más al terreno de las corporaciones mediáticas y las plataformas digitales. Grandes conglomerados como Paramount Global o Fox Corporation participan en un ecosistema informativo donde las decisiones empresariales pueden influir significativamente en qué voces se escuchan y cuáles quedan fuera del espacio público.
Todo esto plantea una pregunta que hace apenas unas décadas parecía innecesaria: ¿la libertad de expresión debe proteger solo frente al Estado o también frente al poder económico y corporativo?
La discusión adquiere otro matiz cuando se compara con otros contextos, como el mexicano. En México existen numerosos medios y espacios de opinión que critican con gran dureza al gobierno federal, entre ellos Latinus, El Universal o El País en su edición para América Latina. Programas televisivos como Tercer Grado o Es la hora de opinar critican regularmente al gobierno sin que existan cierres de medios, prohibiciones judiciales o encarcelamientos por razones editoriales.
El debate político puede ser intenso e incluso áspero, pero la existencia de respuesta pública o derecho de réplica por parte del gobierno no constituye censura. En una democracia, el poder político también tiene derecho a defenderse cuando considera que un medio ha difundido información falsa o difamatoria.
La diferencia entre responder y censurar es fundamental.
Por supuesto, México enfrenta otro problema grave: la violencia contra periodistas en regiones donde operan redes criminales y donde la impunidad ha sido durante décadas un desafío estructural. Sin embargo, ese fenómeno responde principalmente a dinámicas de criminalidad y debilidad institucional, no a una política sistemática del gobierno federal para silenciar la crítica.
El contraste revela algo interesante. Mientras Estados Unidos presume una de las protecciones constitucionales más amplias del mundo para la libertad de expresión frente al Estado, enfrenta cada vez más debates sobre sanciones sociales, presiones corporativas y polarización cultural. En México, por su parte, el debate público puede ser feroz sin que ello implique necesariamente restricciones legales a la crítica.
Todo esto no significa que uno de los dos países encarne perfectamente el ideal de libertad mientras el otro no. Significa algo más simple y, quizá, más incómodo: las libertades democráticas son siempre imperfectas y están sometidas a tensiones constantes.
La frase “el país de las libertades” pertenece más al terreno del relato histórico que al de la descripción exacta de la realidad.
Tal vez la verdadera pregunta ya no sea si Estados Unidos tiene libertad de expresión —porque en muchos sentidos sí la tiene— sino hasta qué punto esa libertad sigue siendo plena cuando los mecanismos de sanción ya no provienen solo del Estado, sino también del poder económico, cultural y corporativo.
En estos tiempos marcados por la polarización política y por el enorme poder de las plataformas y empresas mediáticas, esa pregunta no es menor. Y no solo para Estados Unidos. Es una pregunta que todas las democracias deben hacerse.
