Cada cierto tiempo resurge una acusación que suele utilizarse como arma política: que una sociedad “tolera” al crimen organizado. La frase es poderosa porque sugiere algo más grave que la simple existencia de grupos criminales. Sugiere que una parte de la población habría aprendido a convivir con ellos, a beneficiarse de ellos o incluso a protegerlos.
Pero antes de aceptar o rechazar esa idea conviene detenernos en una pregunta más profunda: ¿es posible que una sociedad tolere realmente al crimen organizado, o más bien las sociedades terminan atrapadas en relaciones complejas con organizaciones criminales que logran insertarse en su vida cotidiana?
¿Víctimas o cómplices?
Durante décadas, investigadores de distintas partes del mundo han estudiado la relación entre comunidades y organizaciones criminales. Sus conclusiones coinciden en algo importante: rara vez existe una línea clara que separe a los criminales de la sociedad. Lo que suele encontrarse es una red de relaciones mucho más compleja.
El sociólogo alemán Max Weber sostenía que una de las características fundamentales del Estado es ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. En otras palabras, es el Estado quien debe garantizar la seguridad, impartir justicia y hacer cumplir la ley.
Cuando grupos criminales comienzan a controlar territorios, imponer reglas, cobrar extorsiones o decidir quién puede desarrollar determinadas actividades económicas, no sólo están cometiendo delitos. También están ocupando espacios que el Estado dejó vacíos o que no logró controlar plenamente.
Desde esta perspectiva, el problema principal no es una sociedad que ama al crimen, sino un Estado que pierde capacidad para gobernar determinadas regiones.
El crimen ocupa los vacíos del Estado
Sin embargo, la realidad suele ir más lejos. El sociólogo italiano Diego Gambetta, famoso por sus estudios sobre la mafia siciliana, observó que muchas organizaciones criminales sobreviven porque ofrecen algo que las instituciones legales no siempre garantizan: protección, mediación o resolución de conflictos.
No se trata de que la población considere moralmente correctas sus actividades. Lo que ocurre es que, cuando una persona necesita resolver un problema inmediato, suele recurrir a quien tiene capacidad real para solucionarlo.
Esto ayuda a explicar por qué algunas organizaciones criminales logran permanecer durante décadas en determinadas regiones sin enfrentar una oposición social abierta.
Pero aún hay otro elemento. El antropólogo Anton Blok demostró que las mafias y grupos criminales rara vez operan como cuerpos extraños que llegan desde fuera. Con frecuencia están integrados por personas nacidas en las propias comunidades. Son hijos, hermanos, sobrinos, vecinos o antiguos compañeros de escuela.
Esta observación parece sencilla, pero cambia completamente la discusión. Cuando se habla de combatir al crimen organizado, muchas veces se imagina una confrontación entre dos grupos claramente separados. Sin embargo, en numerosos lugares esa separación no existe. El delincuente puede ser también un familiar querido. El jefe criminal puede haber crecido en la misma calle que quienes hoy sufren sus actividades.
La frontera entre comunidad y organización criminal se vuelve mucho más difusa de lo que suele reconocerse.
A ello se suma otro fenómeno pocas veces analizado con suficiente profundidad. Existen comunidades donde los grupos criminales financian fiestas patronales, ayudan económicamente a familias vulnerables, generan empleos ilegales o realizan actos de aparente beneficencia.
Estas acciones no convierten a los criminales en benefactores sociales. Pero sí pueden generar relaciones de dependencia o gratitud que dificultan la resistencia colectiva. En esas circunstancias, resulta simplista afirmar que la población apoya al crimen. Muchas veces lo que existe es una mezcla de miedo, necesidad, adaptación y ausencia de alternativas.
El politólogo argentino Guillermo O’Donnell describió situaciones similares mediante el concepto de “áreas marrones”: territorios donde el Estado existe formalmente, pero donde otras fuerzas ejercen parte importante del poder real.
En esos lugares, la autoridad legal y la autoridad efectiva dejan de coincidir. La consecuencia es que los ciudadanos aprenden a vivir bajo reglas contradictorias. Pagan impuestos al gobierno, pero también obedecen órdenes de grupos armados. Reconocen la autoridad del Estado, pero saben que ciertas decisiones importantes se toman fuera de las instituciones.
Quizá por eso la pregunta inicial está mal formulada. Tal vez no deberíamos preguntarnos si una sociedad tolera al crimen organizado. La verdadera pregunta es hasta qué punto una organización criminal logra incrustarse en la vida económica, política, familiar y cultural de una comunidad.
La batalla por el tejido social
Cuando eso ocurre, aparecen situaciones moralmente ambiguas. Hay víctimas directas, personas que se benefician, autoridades corruptas, funcionarios amenazados, ciudadanos que colaboran voluntariamente y también hay miles de personas que simplemente intentan sobrevivir.
Reducir toda esa complejidad a la idea de una sociedad cómplice resulta tan equivocado como afirmar que toda la población es únicamente víctima.
La realidad suele encontrarse en un terreno mucho más incómodo. Las organizaciones criminales prosperan cuando logran algo más que generar miedo: cuando consiguen convertirse en parte del tejido social.
Por eso, combatirlas exige mucho más que operativos policiales o despliegues militares. La fuerza del Estado es necesaria para proteger a la población, recuperar territorios y enfrentar a quienes ejercen la violencia. Pero ninguna sociedad ha derrotado de manera duradera al crimen organizado únicamente mediante la fuerza.
La razón es sencilla: los grupos criminales no sólo ocupan caminos, ranchos, barrios o ciudades. También ocupan vacíos.
Vacíos de oportunidades para los jóvenes. Vacíos de empleo para los adultos. Vacíos de atención para las madres que crían solas a sus hijos. Vacíos de protección para los adultos mayores. Vacíos de espacios deportivos, culturales y recreativos. Vacíos de educación, de esperanza y, en ocasiones, de sentido de pertenencia.
Cuando esos vacíos existen, las organizaciones criminales encuentran formas de instalarse, reclutar, influir o ganar legitimidad social. Pueden ser rechazadas moralmente por la mayoría de la población, pero aun así logran echar raíces porque están respondiendo —aunque sea de manera distorsionada y violenta— a necesidades que nadie más está atendiendo.
Por eso la verdadera batalla contra el crimen organizado no se libra solamente en retenes, patrullajes o enfrentamientos. También se libra creando las escuelas, centros comunitarios, parques públicos, abriendo oportunidades de empleo, becas para estudiantes, en la atención a las personas con discapacidad, en la protección de los adultos mayores y en la capacidad de una comunidad para ofrecer un futuro más atractivo que el que promete la delincuencia.
Quizá ahí se encuentre una de las lecciones más importantes de esta reflexión: una sociedad no vence al crimen únicamente cuando captura a sus líderes. Lo vence de verdad cuando deja de necesitar lo que el crimen ofrece.
