La presidenta Claudia Sheinbaum introdujo una “cuarta opción” en el debate sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya: pedir pruebas. Más allá de la coyuntura política, la discusión reabre una pregunta esencial para toda democracia: ¿puede haber justicia sin la verdad?
En medio de la presión política y mediática alrededor del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el debate público parecía reducido a tres caminos posibles para el gobierno mexicano: detener y extraditar a los señalados por Estados Unidos, procesarlos en México o simplemente no hacer nada.
Muchos analistas dieron por hecho que esas eran las únicas alternativas disponibles. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum introdujo un elemento que modifica por completo el sentido del debate: la existencia de una cuarta opción. Pedir pruebas.
Pedir pruebas puede parecer simple, incluso obvio. Sin embargo, en el clima político contemporáneo, reivindicar el valor de las pruebas es casi un acto contracultural. Porque vivimos en una época donde con frecuencia la narrativa antecede a la verdad y la percepción sustituye al juicio.
México no está inventando un criterio excepcional para proteger a alguien; está aplicando el mismo criterio que Estados Unidos ha aplicado antes frente a solicitudes mexicanas. La presidenta recordó que Estados Unidos ha negado 36 solicitudes mexicanas de detención urgente con fines de extradición por falta de pruebas. El principio, entonces, no sería una excepción coyuntural, sino una regla elemental del Estado de derecho: sin evidencia suficiente, no debe proceder una detención.
Hace tiempo, Raymundo Riva Palacio expresó una frase tan provocadora como inquietante: “la verdad es irrelevante”. Más allá de la interpretación exacta de sus palabras, la frase describe con crudeza una lógica dominante de nuestro tiempo político: lo importante no es necesariamente lo verdadero, sino aquello que logra instalarse en el imaginario social.
Primero llega la sentencia pública; después, si acaso, la investigación. Así, un personaje puede ser declarado culpable por sectores enteros de la opinión pública antes de que exista una sola prueba conocida. Basta una acusación, una filtración, una percepción colectiva o una narrativa políticamente eficaz. La lógica de las redes sociales y de la polarización se encargarán de acelerar ese fenómeno de tal manera que ya no importara comprobar, sino posicionar una versión.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio injusto. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”. Claudia Sheinbaum,
Por eso resulta relevante la llamada “cuarta opción” planteada por Sheinbaum. Porque pedir pruebas no es solamente una estrategia política ni una maniobra diplomática frente a las presiones de Estados Unidos. Es, en el fondo, una reivindicación ética y jurídica: nadie debería ser condenado sin evidencia suficiente.
En cualquier ámbito de la vida social aceptaríamos ese principio como elemental. Si un ciudadano cualquiera fuera señalado por rumores, antipatías o sospechas vecinales, la mayoría entendería inmediatamente el peligro de detenerlo antes de investigar. Primero deben existir elementos objetivos que justifiquen la acción del Estado. Primero la prueba. Después el proceso.
¿Por qué en política habría de ser distinto? La presunción de inocencia no fue creada para proteger criminales, sino para proteger a la sociedad del abuso del poder. El debido proceso no existe para obstaculizar la justicia, sino para impedir que la arbitrariedad se disfrace de justicia. Las pruebas no son un tecnicismo incómodo: son el puente indispensable entre acusación y verdad.
Eso no significa impunidad. Si existen evidencias sólidas, investigaciones formales y responsabilidades comprobables, el Estado debe actuar con firmeza. Pero el orden de las cosas importa profundamente. Primero la evidencia. Después la imputación. Luego el juicio. Nunca al revés.
“No es una decisión política, como lo han querido hacer ver. Es la decisión responsable de la presidenta de México de defender la soberanía nacional y de pedir pruebas frente a cualquier acusación. Si hay pruebas suficientes, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley”. Claudia Sheinbaum.
Cuando una sociedad normaliza la condena sin pruebas, la justicia comienza a transformarse en espectáculo. Y cuando la verdad deja de importar, entonces cualquier persona puede ser destruida únicamente por la fuerza de una narrativa.
Tal vez por eso la “cuarta opción” tiene un significado más profundo del que aparenta. No se trata solamente de pedir expedientes al gobierno estadounidense ni de resistir presiones externas. Se trata de defender una idea fundamental: que la política democrática no puede renunciar a valores como la verdad, la honestidad y la justicia.
Porque si la verdad es irrelevante, entonces sólo queda el poder de imponer percepciones.
Pero si la verdad todavía importa, entonces las pruebas siguen siendo el principio indispensable de toda justicia legítima.
“Si hay pruebas suficientes, se procede. Si no hay pruebas, no se procede.”
